18 de mayo de 2010

CALIDAD y ACREDITACIÓN

En días pasados la EIA recibió la Acreditación Institucional otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Es un reconocimiento que llena de orgullo y satisfacción a su comunidad académica porque es un premio a su filosofía, a su misión, a las intenciones de sus fundadores, al trabajo de sus profesores y estudiantes, a su personal directivo y administrativo, a sus egresados y a los empresarios comprometidos con la Institución. Es una recompensa al rigor, a los resultados académicos y a la pertinencia social. Pero es también un enorme compromiso el que se adquiere con la sociedad para mantenerse entre las mejores instituciones de la región y del país. ¡Es un reconocimiento a la calidad institucional!

Y mucho se ha debatido el término calidad. Pero ¿Qué se entiende por calidad?

La década de los 90 se constituye en la década de la calidad en América Latina. La calidad no debe definirse sino describirse en sus elementos fundamentales y para ello es necesario profundizar el debate sobre las concepciones de calidad y definir con profundidad las dimensiones que la componen. Hay quienes dicen que no saben qué es pero la reconocen y otros dicen que la calidad es relativa.

Fernández Lamarra[1] hace una distinción y dice que la calidad para los académicos se refiere a los saberes, para los empleadores a las competencias, para los estudiantes al nivel de empleabilidad; para la sociedad es tener ciudadanos respetables y competentes y para el Estado está en la eficiencia, los costos y las demandas de capital humano.

Así, la calidad debe ser considerada desde su estructura y relatividad.

UNESCO por su parte define la calidad como “La adecuación del Ser y Quehacer de la Educación Superior a su Deber Ser” y Dias Sobrinho[2] dice que la calidad es una construcción social. Habría que decir entonces que el concepto de calidad se construye desde consensos y negociaciones, de esta manera algunos ponen el énfasis en lo ético, otros en lo valorativo y otros en la toma de decisiones.

Vicente Falconi[3] plantea que las dimensiones de la calidad son: calidad intrínseca, oportunidad, precio, seguridad y servicio.

Según la Ley de Educación Superior, la calidad hace referencia a los resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del servicio prestado y a las condiciones en que se desarrolla la institución.

El Consejo Nacional de Acreditación dice que “la calidad se entiende como aquello que determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que ese algo es. La calidad expresa, en este primer sentido, la identidad de algo como síntesis de las propiedades que lo constituyen…la calidad de algo es la medida en que ese algo se aproxima al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio según el género al que pertenece”. La entiende por tanto como un atributo integral de algo. Dice el CNA que la calidad alude “de una parte a las características universales y particulares de algo, y de otra, a los procesos a través de los cuales tales características se configuran” (CNA, 2006).

Calidad significa en latín cualidad o manera de ser; en castellano significa propiedad de una cosa que permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie.

Acreditación Institucional y calidad

Para alcanzar la acreditación institucional hay que demostrar calidad. El CNA dice que “la evaluación de la calidad se centra en el cumplimiento de los objetivos de la educación superior que incluyen naturalmente, como elementos universales, la formación integral, la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento y la contribución a la formación de profesionales y consolidación de comunidades académicas. Se centra además en el logro de los postulados misionales y proyectos institucionales y en la pertinencia social, cultural y pedagógica de estas misiones y proyectos[4]” De ahí la importancia del logro: Acreditación institucional EIA 2010.


[1] FERNÁNDEZ LAMARRA, Norberto. Educación Superior y calidad en América Latina: los procesos de evaluación y acreditación.

[2] DIAS SOBRINHO, José. Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la Universidad Latinoamericana y Caribeña

[3] FALCONI CAMPOS, Vicente: uno de los gurús mundiales en programas de calidad. Autor de varios libros acerca del tema de la calidad.

[4] Consejo Nacional de Acreditación. Lineamientos de acreditación institucional. 2006

Que gane el País, el Departamento y EPM

La Central Hidroeléctrica de Ituango es uno de los pocos temas que logra romper la densa malla de noticias políticas en la actual fase de campaña electoral para la presidencia de la República.

Y es que su dimensión e impacto para la economía local y nacional le dan el peso necesario para lograrlo, pues no sólo es el mayor proyecto de generación eléctrica del país, sino que sus 2.400 megavatios representan cerca de un 90% de la capacidad instalada actual de EPM y poco menos de una quinta parte de la total del país. La inversión prevista supera los 2.800 millones de dólares y hace parte de los más grandes proyectos en Colombia, junto a la refinería de Cartagena y a la autopista llamada Ruta del Sol entre Bogotá y Santa Marta.

Aunque los socios de Hidroituango han tenido diferencias que la prensa nacional ha destacado, no debe perderse el foco que debe centrarse en la búsqueda del éxito del proyecto y en el cumplimiento del programa establecido para su entrada en operación, pues el país necesita esa energía para su desarrollo, además de que ayudaría a regular los precios del mercado, entre otras ventajas.

Conviene, entonces, concentrar los esfuerzos en la identificación y acuerdo de aquellos aspectos sustanciales para alcanzar la meta y dejar de lado las consideraciones que solo apuntan a profundizar las grietas.

El control y mayoría accionaria del proyecto es del Departamento, mientras la porción restante es de EPM y de inversionistas particulares en una pequeña fracción. El Departamento ha expresado su interés en obtener nuevas rentas más estables en el largo plazo para impulsar el desarrollo de la región y superar los altos niveles de pobreza que padece una gran proporción de los municipios antioqueños; una fuente atractiva es la utilización del alto potencial hidroeléctrico de Antioquia, por lo que puso su interés en la central de Ituango que, a pesar de esfuerzos aislados, no lograba el despegue necesario.

La sociedad dueña del proyecto estableció un innovador esquema de subasta para este tipo de obras que consiste en financiar, construir, operar, mantener y transferir la hidroeléctrica al final del contrato; además, resolvía los dificultades financieras que tendría que asumir el socio mayoritario bajo el esquema en que tradicionalmente se han desarrollado estas obras.

Pero esto podría ocasionar que el otro socio, EPM, pueda quedar relegado frente a otro postor, a pesar de su reconocida trayectoria de calidad en el manejo de los proyectos hidroeléctricos en las distintas fases y de su seriedad empresarial y solidez financiera, cuyos recursos fundamentales los ha obtenido de la energía a lo largo de su historia. Al momento de escribir esta columna, se adelantaban negociaciones directas entre los socios, sin recurrir a la anunciada subasta.

Sea por esta última posibilidad, que sería la más conveniente, o porque se presente la subasta, EPM debe pujar en forma decidida y fuerte por el proyecto, con una propuesta claramente ventajosa para las partes y que sea difícil de igualar. Porque este es el camino para asegurarse un excelente proyecto que afiance su desarrollo empresarial; porque esos recursos representarán un beneficio directo para el Departamento, pues se ha dicho en forma repetida que EPM tiene una deuda con éste por la utilización de sus recursos que han beneficiado principalmente a Medellín; y porque de lo que entregue EPM a la sociedad dueña, le retornará casi la mitad a sus arcas.

Sin ignorar las dificultades ni las diferencias de los socios, es hora de establecer el consenso sobre el mayor beneficio real como conjunto, en aras de la construcción de esa sociedad más justa y equitativa para que así, a la fija, ganen Colombia, Antioquia y EPM.

Artículo publicado en El Colombiano, 17 de mayo de 2010.

4 de mayo de 2010

UNA PROPUESTA EN MEDIO DE LA CAMPAÑA

Faltan escasos cien días de los casi tres mil de la presidencia de Uribe y cuatro semanas para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Son dos pruebas que corren en forma paralela pero que se unen a modo de relevo; una, en que se apuran tareas de quien termina; y otra, en que se lucha por sucederlo. Y a pesar de las fricciones que surgen, es una gran oportunidad de articular objetivos por el verdadero beneficio del país.

Por eso, desde una óptica académica y constructiva, se propone en forma respetuosa a nuestros protagonistas que consideren dos cosas. Primero, que se realice una evaluación seria de los temas esenciales para el país, bajo el liderazgo del Presidente, con aquellos funcionarios más destacados de las dependencias pertinentes, pues son éstos quienes tienen el mayor conocimiento y claridad de cada aspecto específico; y con el concurso de calificados ciudadanos independientes, conocedores del respectivo tema. Más que un balance de gestión, sería un responsable corte de cuentas y estado del arte, lo cual permitiría a la sociedad –no solo al sucesor– tener un buen diagnóstico de los asuntos estratégicos para el desarrollo del país y para mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Sería el punto de partida del nuevo gobierno, sea quien fuere el elegido, y la base para la construcción de un plan de desarrollo que fortalezca las cosas buenas y corrija las deficiencias; permitiría ganar tiempo y claridad en la identificación, comprensión y magnitud de los problemas que demandan prontas acciones; y facilitaría el seguimiento social, tan limitado y necesario en nuestro país.

La transformación de nuestra economía para ser más competitiva y la definición de la vocación económica que permita orientar la inversión necesaria para la creación de nuevas empresas; el mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles y la disminución de la disparidad entre zonas geográficas, así como el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación como base para la transformación social y económica; el desempleo estructural, la pobreza e indigencia, que han mantenido elevados niveles durante toda esta década; el manejo económico desde el Gobierno Central; la cobertura, calidad y sostenibilidad del sistema de salud; el desarrollo de la infraestructura física adecuada, especialmente de transporte vial, férreo y de puertos marítimos; la criminalidad y violencia en las ciudades; la ineficacia del sistema judicial; el deterioro ambiental; y la débil institucionalidad en diversos asuntos claves como los citados, son algunos de los problemas que merecen la mayor atención.

Segundo, que los candidatos acuerden desde ahora, de frente a la sociedad y a los electores, aquellos asuntos básicos en los que al menos hay una gran identidad; así, quien gane las elecciones, deberá asumir el compromiso adquirido con el apoyo de todos los demás contendientes y bajo la lupa de una veeduría ciudadana. Y aunque desde hace cuatro años en esta columna se propuso que la educación debería ser el eje del plan de gobierno que empezaba en ese entonces, aún es tiempo de que haya ese compromiso y así lo expresen a la comunidad.

Colombia, para bien, vive un tiempo diferente en su proceso electoral y es el momento de dar pasos firmes en la evolución de su historia; dejarlo pasar es perder, quizás, una oportunidad que no se repetirá prontamente. De la voluntad política del Presidente Uribe y de la de cada uno de los candidatos que aspiran a sucederlo, en forma independiente del triunfador, depende hoy que sea más viable la construcción de esa sociedad más desarrollada, con mejor calidad de vida, justa, equitativa y en armonía con el medio ambiente. ¡Ojalá así lo entiendan y actúen con verdadero sentido patrio!

Publicado en El Colombiano, 3 de mayo de 2010