30 de junio de 2009

¿EL BIEN SUPREMO DE LOS NIÑOS?

El reciente crimen del bebé Esteban Alejandro, de seis días de nacido, por parte de su madre Johana Macías, generó una fuerte ola de sentimientos de dolor y rechazo en todo el país. En septiembre del año pasado también causó un gran impacto la muerte de Luis Santiago, de 11 meses de edad, por parte de su padre, Orlando Pelayo. En agosto de 2007 murió en Medellín el niño Christian Camilo, de dos años de edad, como consecuencia del maltrato físico y del repetido abuso sexual del que era víctima por parte de sus padres quienes lo prostituían para obtener dinero y drogas; a pesar de que el niño había estado bajo protección del ICBF, la entidad lo entregó de nuevo a sus padres.

Estos son solo algunos de los casos más renombrados -quizás ahora olvidados-, pero a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional ocurren a diario situaciones como éstas que nunca llegan a ser conocidas por la comunidad, pues, en el mejor de los casos, tan solo hacen parte de las estadísticas de los organismos correspondientes, ya que cerca del 80% de estos delitos no son denunciados.

El año pasado se reportaron 31 casos similares de progenitores que dieron muerte a sus hijos, 25 de ellos por parte de la madre, lo cual representa la más cruda muestra de violencia contra los menores y es, además, el reflejo de las altas cifras de maltrato físico y moral a los niños que, según Medicina Legal, alcanzan un promedio de 11.000 casos anuales durante los dos últimos años. Aunque se estima que se conoce menos del 10% de los casos por abuso sexual, cuatro de cada cinco son cometidos por personas cercanas a la víctima, en especial por los padrastros, algunas veces con la connivencia de las madres.

El editorial de El Colombiano del 19 de junio, "La herencia de Herodes", hizo referencia al tema e invitó a no quedarse en manifestaciones de dolor y solidaridad sino en crear consciencia colectiva para querer y proteger a los niños.

Este columnista comparte esa reflexión, pero advierte que existe un vacío y desconexión entre las buenas intenciones, las loables misiones escritas de algunas entidades del Estado y el espíritu de la Constitución y de las leyes pertinentes, respecto a la realidad diaria que tritura la vida de aquellas personas que sufren en silencio el maltrato y el abuso; o de quienes enfrentan la defensa del interés superior de los niños en forma solitaria, ante la indiferencia general.

¿Cuál puede ser el camino que les espera a quienes asuman la postura de denunciar el maltrato y abuso infantil de un familiar -o de un menor con alguna cercanía- para darle la protección requerida? Algunos casos de tragedias como las mencionadas dan cuenta de que, a pesar de las evidencias y pruebas fehacientes de estos delitos, no ha sido posible encontrar un respaldo serio y contundente de las entidades del Estado responsables de velar por la protección de los niños, bien supremo de una sociedad.

Es notoria y vergonzosa la ausencia total de coherencia en este problema por parte de nuestra sociedad; y sin excluir la responsabilidad que cada individuo tiene como ciudadano, si las entidades gubernamentales no se transforman radicalmente para atender con prontitud, seriedad, competencia y responsabilidad plena esta tarea, sumado al complemento sólido y oportuno de jueces que realmente impartan justicia con equidad y sabiduría, será muy difícil cambiar el panorama actual para proteger a los niños de sus victimarios. Y, entonces, cada cierto tiempo se repetirá el vano lamento que se esfumará en pocos días entre las cifras impersonales de tristes e inútiles estadísticas globales.


*** Columna publicada el 29 de junio en El Colombiano.

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