30 de junio de 2009

¿EL BIEN SUPREMO DE LOS NIÑOS?

El reciente crimen del bebé Esteban Alejandro, de seis días de nacido, por parte de su madre Johana Macías, generó una fuerte ola de sentimientos de dolor y rechazo en todo el país. En septiembre del año pasado también causó un gran impacto la muerte de Luis Santiago, de 11 meses de edad, por parte de su padre, Orlando Pelayo. En agosto de 2007 murió en Medellín el niño Christian Camilo, de dos años de edad, como consecuencia del maltrato físico y del repetido abuso sexual del que era víctima por parte de sus padres quienes lo prostituían para obtener dinero y drogas; a pesar de que el niño había estado bajo protección del ICBF, la entidad lo entregó de nuevo a sus padres.

Estos son solo algunos de los casos más renombrados -quizás ahora olvidados-, pero a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional ocurren a diario situaciones como éstas que nunca llegan a ser conocidas por la comunidad, pues, en el mejor de los casos, tan solo hacen parte de las estadísticas de los organismos correspondientes, ya que cerca del 80% de estos delitos no son denunciados.

El año pasado se reportaron 31 casos similares de progenitores que dieron muerte a sus hijos, 25 de ellos por parte de la madre, lo cual representa la más cruda muestra de violencia contra los menores y es, además, el reflejo de las altas cifras de maltrato físico y moral a los niños que, según Medicina Legal, alcanzan un promedio de 11.000 casos anuales durante los dos últimos años. Aunque se estima que se conoce menos del 10% de los casos por abuso sexual, cuatro de cada cinco son cometidos por personas cercanas a la víctima, en especial por los padrastros, algunas veces con la connivencia de las madres.

El editorial de El Colombiano del 19 de junio, "La herencia de Herodes", hizo referencia al tema e invitó a no quedarse en manifestaciones de dolor y solidaridad sino en crear consciencia colectiva para querer y proteger a los niños.

Este columnista comparte esa reflexión, pero advierte que existe un vacío y desconexión entre las buenas intenciones, las loables misiones escritas de algunas entidades del Estado y el espíritu de la Constitución y de las leyes pertinentes, respecto a la realidad diaria que tritura la vida de aquellas personas que sufren en silencio el maltrato y el abuso; o de quienes enfrentan la defensa del interés superior de los niños en forma solitaria, ante la indiferencia general.

¿Cuál puede ser el camino que les espera a quienes asuman la postura de denunciar el maltrato y abuso infantil de un familiar -o de un menor con alguna cercanía- para darle la protección requerida? Algunos casos de tragedias como las mencionadas dan cuenta de que, a pesar de las evidencias y pruebas fehacientes de estos delitos, no ha sido posible encontrar un respaldo serio y contundente de las entidades del Estado responsables de velar por la protección de los niños, bien supremo de una sociedad.

Es notoria y vergonzosa la ausencia total de coherencia en este problema por parte de nuestra sociedad; y sin excluir la responsabilidad que cada individuo tiene como ciudadano, si las entidades gubernamentales no se transforman radicalmente para atender con prontitud, seriedad, competencia y responsabilidad plena esta tarea, sumado al complemento sólido y oportuno de jueces que realmente impartan justicia con equidad y sabiduría, será muy difícil cambiar el panorama actual para proteger a los niños de sus victimarios. Y, entonces, cada cierto tiempo se repetirá el vano lamento que se esfumará en pocos días entre las cifras impersonales de tristes e inútiles estadísticas globales.


*** Columna publicada el 29 de junio en El Colombiano.

24 de junio de 2009

CÓMO ESTAMOS FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA MUNDIAL


Colombia ha pasado por tres crisis recientes, todas sin excepción con génesis en el sistema financiero mundial: crisis de deuda en América Latina 1982, crisis asiática 1999, crisis hipotecaria 2008. Todos los análisis indican que en esta última estamos mejor preparados, con reservas internacionales altas, 23.000 millones de dólares, respecto al ideal de 17.000 millones (seis meses de importaciones) un sistema financiero muy sólido, activos y utilidades creciendo, cartera vencida comparada con la bruta del 3,9 % en 2008, en el 2002 era 9,5 %, el cubrimiento creció, pasando de apenas 33,2 % de la cartera en 1995-1998 a 120,2 % en 2008. Esto refleja que los bancos colombianos están en una muy buena posición para enfrentar la crisis actual, pero no se nos puede olvidar que la economía depende de muchos sectores que, aunque no son las venas y las arterias de la misma, como lo es el sector financiero, aportan al crecimiento y al empleo.

A algunas personas se les olvidó que las economías tienen ciclos y que los sectores tienen sensibilidades distintas, ojalá todos los sectores estuvieran tan sólidos como el sector financiero, pero ni las crisis avisan, ni los contagios son los mismos. ¿Algunos pensaron alguna vez que los crecimientos son lineales y crecientes infinitamente? Aunque nos ha ido bien en conjunto en los últimos seis años, la crisis va a contagiar a unos sectores más que a otros. A continuación se hace una descripción del comportamiento de las variables económicas y de los sectores económicos en el período 2002-2008 para contextualizar y ayudar a la comprensión de lo que podemos esperar para el 2009 en el marco de la crisis.

La tabla 1 y la ilustración 1 muestran la composición porcentual del PIB colombiano por demanda desde 2002 hasta el tercer trimestre de 2008. El PIB por demanda corresponde a la suma de los pesos consumidos por los hogares, gastados por el gobierno, invertidos en la formación bruta de capital (Inversión productiva) y registrados en la balanza comercial. La participación de cada una de las variables en el PIB permite identificar los agentes económicos (familias y empresas) que están gastando y en el tipo de bienes y servicios que lo están haciendo.

Tabla 1. Participación porcentual del PIB por demanda Colombia 2002-2008

* Valores provisionales
Series desestacionalizadas
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2009)


Ilustración 1. PIB de Colombia por Demanda Agregada 2002 – 2008

* Valores provisionales
Series desestacionalizadas
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2009). Gráfico: construcción propia.

Los valores indican que entre 2002 y 2008 la participación del consumo (hogares + gobierno) en el PIB ha disminuido en 3,43 puntos porcentuales, al pasar de 87,14 % en 2002 a 83,71 % en 2008. Y a pesar del esfuerzo del banco central de bajar las tasas de interés se espera que para el 2009 se ubique en un 80 % según proyecciones del gobierno. Las expectativas de las personas sobre el futuro cercano no son nada optimistas, esto condiciona el patrón de consumo y por ende el del crédito. Por otra parte, hay una variable muy positiva: la formación bruta de capital fijo se incrementó en 11,14 puntos porcentuales, al pasar del 16,50 % en 2002 al 27,34 % en 2008. Pero en el 2009 se espera una reducción del 15 %. Este significativo esfuerzo no puede abandonarse. Es prioritario, es la variable más positiva en los últimos diez años y hay que preservarlo desde todos los frentes. Sin inversión extranjera directa no hay inversión en nuestro país que valga la pena, eso es una realidad.

Es cierto que el gasto público ha participado en la demanda agregada más o menos parecido entre el 2002 y el 2008, se espera que en el 2009 aumente, sobre todo en obras de infraestructura. El gobierno es consciente de que ahí está su aporte en esta crisis. Además creo que todos estamos esperanzados en el gobierno, pero no le podemos pedir que sea más paternalista, es muy peligroso; estos gastos se vuelven muy inflexibles desde el punto de vista político, por ejemplo Familias en Acción, ya con los gastos inflexibles económicos tenemos. Basta ver el presupuesto para el año entrante donde hay un faltante de 10 billones aproximadamente que implícitamente exige que se reduzcan algunos rubros.

La revaluación no es el escenario más favorable para las exportaciones, la balanza comercial muestra que la participación de este rubro en el PIB se ha incrementado entre 2002 y 2008 en 2,40 puntos porcentuales, lo que se explica principalmente por el precio de las commodities en el mercado internacional. A pesar del aumento de las exportaciones, el incremento de las importaciones en 9,82 puntos porcentuales generó déficit comercial, esto se explica por el crecimiento del PIB de los últimos cuatro años 2004-2008 y el tipo de cambio. En el primer trimestre del 2009 las exportaciones cayeron más del 10 %. Esto preocupa mucho en un ambiente de revaluación y de crecimientos negativos de nuestros principales socios comerciales. Además el sector exportador colombiano es muy intensivo en mano de obra y generaría más desempleo.

La Ilustración 2 muestra que, en promedio, entre 2002 y 2008 el 63,66 % del PIB se explica por el aporte de cuatro sectores. El sector que mayor aporte hizo al PIB durante el periodo analizado es el de servicios sociales, comunales y personales[1], con una participación del 18,34 % y un crecimiento del 21,54 % al pasar de $40,31 billones en 2002 a $48,99 billones en 2008. Es clara la incidencia de la participación del gobierno en este rubro. En segundo lugar se encuentra el sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas, con una participación del 17,73 % y un crecimiento del 40,06 %, al pasar de $36,27 billones en 2002 a $50,84 billones en 2008. Aporta mucho al PIB pero muy poco al empleo. Se ubica en tercer lugar el sector de la industria manufacturera, con un aporte del 14,51 % al PIB y un crecimiento de 36.61 %, al pasar de $29,16 billones en 2002 a $39,84 billones en 2008. Es el sector que más incertidumbre tiene con la crisis actual y en él se explica un buen porcentaje del desempleo actual. En cuarto lugar se encuentra el sector comercio, reparación, restaurantes y hoteles con una participación de 13,07 % del PIB y un crecimiento del 44,03 %, al pasar de $25,93 billones en 2002 a $37,35 billones en 2008. Aquí se ubica el 80 % de las empresas del país, casi en su totalidad de micros y pequeñas empresas. Este sector explica el 70 % del empleo nacional, y es el más sensible a la crisis por obvias razones.
[1] El sector de servicios sociales, comunales y personales, incluye cuatro categorías principales: administración pública y defensa, enseñanza, servicios de asistencia social y de salud, servicios domésticos y, por último, servicios de asociaciones (de empresas, de profesionales) y esparcimiento (culturales, deportivos). De todas estas categorías la más importante es la categoría de administración pública y defensa que, por sí sola, ha explicado más del 9 % del PIB en los últimos 7 años.


Ilustración 2. PIB por Sectores Colombia 2002 – 2008


*Valores provisionales
Series desestacionalizadas
Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE, 2009). Gráfico: construcción propia.


Afirmar que la crisis nos toca marginalmente sería ridículo, pero no sólo se puede analizar la crisis por el sector financiero y sacar conclusiones a partir de éste. El sector de servicios sociales, comunales y personales es la contraparte en el PIB por oferta de la cuenta consumo y la inversión del gobierno del PIB por demanda, teniendo en cuenta que el resultado del PIB desde estas dos perspectivas debe ser igual. El subsector de la defensa es uno de los de mayor participación en el PIB, lo cual es el reflejo de siete años de política de seguridad democrática, en las que el gobierno ha realizado inversiones en equipos y contratación de personal, no podemos pensar que va a seguir aumentando ya que tenemos un faltante cuantioso para la financiación del déficit que en parte esto nos ha generado. Adicionalmente, el mandato constitucional de 1991 asigna transferencias y subsidios del estado a la salud y a la educación. Por lo tanto, el crecimiento de este sector está asegurado en tiempos de crisis, ya que por ley el gobierno está obligado a hacer la asignación de recursos, aun incrementando el déficit fiscal, pero ya estamos raspando la olla.

En el sector industrial hay un gran deterioro en la demanda interna y aún peor es la demanda externa acompañada de una revaluación del peso frente al dólar. No es un panorama donde podamos esperar buenos resultados en materia de crecimiento y empleo.

En el sector comercio preocupa el nivel de vulnerabilidad del mismo; la gran mayoría de las empresas del sector carecen de músculo financiero; no es fácil para el gobierno hacer planes de choque aquí por el espectro tan amplio; sólo se espera que los agentes respondan positivamente ante la disminución en las tasas de interés. Sin lugar a dudas es la que nos puede salvar de que la crisis no nos afecte tanto (como hasta ahora ha pasado) si hacemos un comparativo con economías parecidas a la nuestra, pero como reza el adagio popular “mal de muchos consuelo de tontos”. Ojalá consumamos más, gastemos más, pero las expectativas de las personas van en contravía.

9 de junio de 2009

EL MODELO DE CIUDAD Y LOS SUBURBIOS

El modelo de ciudad compacta al que le han apostado Medellín y algunos municipios del Valle de Aburrá es, para esta gran ciudad metropolitana, un imperativo, teniendo en cuenta la estrechez y limitaciones geográficas del Valle de Aburrá y la baja capacidad adquisitiva de la mayor parte de sus habitantes, que no les permite acceder al automóvil privado que les garantice el derecho a la ciudad difusa, totalmente dependiente del automóvil.

Se dirá entonces que el suburbio es una forma de ocupación a la que tiene derecho el estrato alto con capacidad adquisitiva y deseos de huir de la congestión, contaminación y “agite” de la ciudad para disfrutar del campo y sus atributos, como el paisaje, el silencio y la tranquilidad. Esto es cierto, la ciudad es el espacio de las oportunidades; debe ofrecer a sus ciudadanos, ricos y pobres, diferentes alternativas de residencia en condiciones de calidad, de acuerdo con la idiosincrasia, patrones de comportamiento y formas de relación de los grupos sociales que la habitan. Sin embargo, una sola modalidad de oferta de vivienda no puede darse a costa de impactos ambientales y socioeconómicos que afectan el conjunto de la población, como pasa con la vivienda campestre y semicampestre localizada en zonas rurales de alta vulnerabilidad ambiental y vocación productiva ligada al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

La ciudad de Medellín a lo largo de su historia, y a pesar de la fuerte segregación socioespacial que la caracteriza, ofreció opciones diferentes a toda su población: sectores de la ciudad configurados por la tradicional retícula que admite una densificación gradual mediante la agregación de nuevos pisos a las casas unifamiliares originales, como se presenta en gran parte de las zonas nororiental y noroccidental; el centro de la ciudad y sus barrios vecinos también configurados en retícula que ofrecen mezcla de actividades, espacios públicos de convocatoria ciudadana y oportunidades de residencia a personas que prefieren estar cerca de todo y aprovechar las ofertas culturales, comerciales y de servicios propias de los centros urbanos; sectores planificados dotados de vías y espacios públicos generosos, como es el caso de Laureles y La América, que dieron cabida a casas grandes para estratos altos y a vivienda de clase media, que viene transformándose mediante la sustitución de las casas originales por nuevas edificaciones de mediana altura; también zonas de baja densidad en el sector de El Poblado que hasta hace muy poco constituía la oferta de vivienda semicampestre para los estratos altos que prefieren la privacidad al frenesí de la ciudad, pero sin alejarse de ella, que a su vez les ofrece oportunidades de negocios y trabajo.

Recientemente este relativo equilibrio de la ciudad se ha venido perdiendo, en buena parte, como producto de las nuevas reglas del juego establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial, que han impulsado al sector de la construcción a buscar nuevas formas de negocio de menor exigencia normativa y mayor rentabilidad.

En efecto, el POT de Medellín (acuerdo 62/99) exige planes parciales que garanticen el proceso ordenado de planeación, urbanización y construcción para los desarrollos urbanísticos de las zonas de expansión, renovación y redesarrollo. Dadas estas condiciones, El Poblado ofrecía la mejor opción para desarrollos inmobiliarios, teniendo en cuenta que era el único sector de la ciudad que contaba con un buen número de lotes o casas lote con área superior a 2.000 m2 sin exigencia de plan parcial. Despegó así un crecimiento explosivo de ese sector, no previsto, pues el estrato 6 que constituía su demanda estaba en franco decrecimiento. Se modificó entonces la oferta, ofreciendo vivienda en desarrollos de mayor densidad atractivos para otro sector de la demanda más cercano a los estratos 4 y 5. La sobredensificación resultante afectó sensiblemente los atributos de El Poblado: paisaje, vista, verdor, tranquilidad y seguridad, dejando de ser atractivo para el estrato alto, lo cual motivó una nueva oportunidad de negocio: el suburbio en las laderas de la ciudad y las zonas rurales de municipios del entorno de la gran ciudad metropolitana.

Este nuevo negocio que se extiende como mancha de aceite, parece no tener límites. Los POT, que en los centros urbanos del Valle de Aburrá apuestan por una ciudad compacta y en los de su entorno declaran la voluntad de fortalecer la economía rural, permiten y algunas veces promueven la ocupación de las zonas rurales con urbanizaciones campestres o semicampestres propias de un modelo de ciudad difusa, que alteran de manera grave las condiciones ambientales del territorio y desplazan las actividades productivas de estas subregiones, lo que genera un alto impacto económico, social y cultural en la región central de Antioquia.

Es necesario ahora dar el paso a la planificación y gestión de la “Ciudad Región” entendida como una red de centros urbanos de excelente calidad que sirven al conjunto de una región dinámica y competitiva y no como el suburbio dormitorio e improductivo que nos muestra la tendencia actual.
Sobre el mismo tema ver en la Revista Soluciones de Postgrado EIA, número 3 (enero 2009) el artículo “La expansión urbana sobre las periferias rurales del entorno inmediato a la ciudad metropolitana”.

2 de junio de 2009

CAMPAÑAS CONTRA LA MOVILIDAD PRIVADA

La movilidad en vehículos particulares es un derecho que debe respetarse previo el cumplimiento de deberes y obligaciones por parte de sus propietarios.

Muchas autoridades del País se han dedicado a incomodar a los usuarios de vehículos particulares (autos y motos) con restricciones que dificultan su uso normal: aplicación de pico y placa; dedicación a otros usos de carriles de vías existentes; no construcción de nuevas vías; disminución de especificaciones en el diseño vial; construcción de obstáculos físicos (policías acostados); descuido en el mantenimiento y en la señalización; incremento exagerado de impuestos y trámites; exigencias desproporcionadas sobre uso de elementos adicionales (caso de las motos); restricciones de uso y otras medidas que tratan de impedir el uso normal de los vehículos o de desalentar su propiedad.

Para todo lo anterior se aducen argumentos vinculados a la protección ambiental, a la equidad social, a la defensa ciudadana, a la seguridad vial, al estímulo de transportes alternativos, al incremento de la salud personal, a la disminución de la congestión y las numerosas autoridades que intervienen en algún eslabón del proceso, se encargan de ingeniarse un nuevo trámite, una nueva restricción o variar las anteriores de manera repentina hasta lograr que el caos generado, desaliente al desprotegido ciudadano.

En síntesis, se está creando lo que Juan Carlos Echeverri denomina: “un enfoque fundamentalista anticarro o antimoto” (El Tiempo, 17 – mayo – 09, página 1 – 28).

La movilidad individual en vehículos automotores, tiene grandes “externalidades negativas” cuyos costos deben ser pagados por los propietarios y usuarios; pero el hecho de que se produzcan tales efectos dañinos no debe facultar a las autoridades para tomar decisiones, caóticas más que aleatorias, desorganizadas más que lógicas y destructivas más que productivas. Puede afirmarse que muchas de las acciones de las autoridades públicas sobre la movilidad privada tienen efectos negativos mayores sobre el ambiente, la economía, el desarrollo regional, el ordenamiento urbano y la sociedad que las que tienen la posesión y el uso racional de vehículos automotores particulares.

En muchas ciudades del País no son suficientes los esfuerzos que se están haciendo para normalizar la movilidad de sus habitantes que tienen derecho a que se les den las condiciones cotidianas para viajar desde su vivienda a los lugares de estudio, trabajo, recreación y la satisfacción de otras necesidades básicas, en términos de calidad, oportunidad y costo. En las ciudades que tienen apoyo del Gobierno Nacional para la financiación de sistemas de transporte público, las autoridades locales han concentrado, casi exclusivamente, su atención en construir las primeras etapas de dicho transporte y a poner restricciones en la movilidad por medios privados.
Los esfuerzos que se están haciendo en construcción de nuevas vías, de mantenimiento y mejoramiento de las existentes, de modernización de la señalización, de aplicación de nuevas tecnologías para el control del tránsito vehicular, de empleo de métodos y equipos modernos de construcción vial y de implementación de figuras jurídicas para disponer de nuevos recursos financieros como la valorización, la plusvalía, las concesiones y los peajes son inexistentes o aplicadas de manera tímida y esporádica.

El transporte en vehículos automotores privados es un medio empleado por todas las sociedades modernas y pretender eliminarlo por razones ambientales o planear con la ilusión de poderlo remplazar totalmente y de inmediato con sistemas de transporte masivo público o con esquemas basados en la bicicleta o las caminatas es un despropósito que afecta y afectará de manera irremediable la calidad de vida de los ciudadanos de todas las clases sociales.

Si las autoridades públicas toman una posición más racional sobre el transporte privado y lo entienden y planean como parte de la solución integral al problema complejo de la movilidad ciudadana, con seguridad encontrarán que este medio de transporte es útil y conveniente y que organizado y promovido con lógica, es una fuente de satisfacción de una de las necesidades más sentidas de todos los habitantes de cualquier comunidad del País y que además tiene grandes, benéficas y cuantificables “externalidades positivas” en el empleo, la economía, el desarrollo regional, el ordenamiento urbano y la seguridad y el bienestar colectivos.